Medios públicos bajo Abelardo

La gerente de Inravisión, Ángela María Mora, terminó anticipadamente contratos de prestación de servicios del Sistema de Medios Públicos, entre ellos los de actividades periodísticas, de presentación y de contenidos digitales. La entidad dice que es parte de la transformación institucional que empezó con la eliminación de la franja de noticias y opinión, vigente hasta el 6 de agosto, y que mantener obligaciones "que dejaron de corresponder al modelo operativo actual no sería responsable con los recursos públicos". Insiste en que la terminación "no constituye una sanción ni un juicio sobre las calidades personales o profesionales de los contratistas" y en que no implica censurar voces.

María Paula Fonseca, exsubgerente de la entidad, lo llamó otra cosa en X: "Comenzó la masacre laboral en Rtvc (…) ¿Qué garantías tiene una persona, prestador de servicios, si ni siquiera un contrato ya firmado se lo respetan?".

RTVC, el Sistema de Medios Públicos, denunció que la administración de Gustavo Petro la dejó en una situación financiera "crítica" y que, "si no se adoptan medidas inmediatas, la operación puede paralizarse en amplias zonas del país", según su comunicado. Al 31 de agosto, de $460.654 millones de ingresos previstos para 2026 había recaudado $312.263 millones, un faltante de $148.391 millones, y había comprometido $44.303 millones más de lo que efectivamente recaudó. La actual gerencia dice que el gobierno anterior asumió obligaciones "relacionadas con conciertos, eventos y otras actividades" sin tener la plata, y que hoy no hay caja para los servicios públicos ni para los arriendos de las estaciones, según El Heraldo. Pidió recursos al Ministerio TIC, al Fondo Único de TIC y al Ministerio de Hacienda. El comunicado no dice cuáles fueron esos conciertos ni cuánto costaron.

"¿Mamados de la manipulación política de RTVC?", escribió en X la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, un día después de que se conocieran los contratos de Inravisión con dos influenciadoras abelardistas. Contó que ya está en el Congreso un proyecto suyo para que Inravisión (el antiguo RTVC) no use su plata en promover al gobierno de turno. Es el Proyecto de Ley 219 de 2026 del Senado, que radicó el 1 de septiembre, antes de esos contratos. Según el texto publicado en la Gaceta del Congreso, los gastos de funcionamiento de RTVC que se pagan con la plata que le transfiere el fondo del sector TIC no podrán pasar del 5 % de esas transferencias. El tope empezaría en 10 % y bajaría al 5 % en el cuarto año. El proyecto también prohíbe usar esa plata en "la divulgación, promoción o publicidad de la gestión del gobierno de turno".

La actual administración de Inravisión, el antiguo RTVC, denunció un posible sobrecosto de más de $2.000 millones en una unidad móvil de televisión que le costó $11.924 millones, como dice en un comunicado. El contrato se firmó el 16 de diciembre de 2025, en el gobierno de Gustavo Petro. La unidad está parqueada porque llegó sin la planta eléctrica que necesita para funcionar. Los equipos audiovisuales costaron cerca de $9.000 millones y los técnicos de la entidad calculan que unos equivalentes valdrían unos $7.000 millones. Dice también que solo una empresa en Colombia cumplía un requisito del proceso y que las dos únicas que participaron en el estudio de precios se unieron después para ganarlo. Pasó el caso a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.

La nueva gerencia de RTVC dice que encontró posibles irregularidades en las planillas de salud y pensión que presentaron contratistas entre 2023 y 2026, como cuenta El Colombiano. En los hallazgos preliminares de su revisión forense, algunos contratistas habrían presentado planillas con aportes que no se habrían hecho y los supervisores las habrían aceptado para autorizar los pagos. La gerente, Ángela María Mora, ordenó revisar todas las planillas, las cuentas de cobro y las certificaciones de ese periodo. Los hallazgos irán a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, como cuenta El Tiempo. El periodo incluye la gerencia de Hollman Morris, de 2024 a 2026. "La instrucción de la actual administración es clara: revisar la casa por dentro, corregir los controles que fallaron y acudir a todas las instancias legales", dice el comunicado.