24 de septiembre de 2026

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada le dijo a Caracol Radio que los funcionarios de la JEP han hecho más de 75 viajes internacionales entre 2020 y 2026, a destinos como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago. Según ella, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, y un magistrado auxiliar pasaron 14 días en París, Ginebra y Ámsterdam a finales de 2025, y un viaje a Nueva York de julio de 2025 registra en el Secop un doble pago por los mismos tiquetes. "Pareciera que, en vez de un tribunal de justicia transicional, crearon una agencia de viajes", dijo. Las cifras son de la senadora y la nota no trae la respuesta de la JEP. Llegan en plena pelea por el recorte de su presupuesto, que Ramelli llama una estrategia de "asfixia económica".

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, anunciaron que el paro armado que decretaron tras la muerte de alias "Cholo" terminará el viernes 25 de septiembre; al comienzo habían dicho que duraría 48 horas, según La Silla Vacía. El jueves la ciudad empezó a reabrir: la plaza de mercado estaba abierta en un 90 %, según la Cámara de Comercio de Santa Marta, citada por Caracol Radio. El turismo, en cambio, ya perdió: la ocupación hotelera promedio no pasa del 33 %, frente al 49 % de la misma época de 2025, y Estados Unidos y Francia emitieron alertas de viaje, dijo a Blu Radio Omar García Silva, presidente de Cotelco Magdalena, que pidió "una política del Estado, no por momento, sino que sea permanente". Entre Neguanje y Palomino hay hoteles con ocupaciones que no superan el 15 %, según El Espectador.

La junta directiva del Icetex aprobó el Acuerdo 20 de 2026, que compromete $13.709 millones de los presupuestos de 2027 y 2028 para contratar un call center que llame, escriba y cobre a quienes están atrasados en sus créditos antes de que las deudas lleguen a cobro judicial, según Caracol Radio. La entidad dice que no tiene el personal ni la tecnología para hacerlo por su cuenta. El contrato anterior, con RST Asociados Projects S.A.S., arrancó en $25.286 millones, llegó a unos $30.841 millones con una prórroga y va hasta el 31 de octubre. Todavía no se sabe qué empresa se quedará con el nuevo ni con qué metas de recuperación.

El vicepresidente José Manuel Restrepo leyó ante la Asamblea General de la ONU el discurso que escribió Abelardo de la Espriella, que prometió no salir del país. "Mis críticas no nacen de un capricho ni de una animadversión", dijo en nombre del presidente, y se preguntó si la ONU cumple sus propósitos con la eficacia que exige el mundo y si tiene estructuras burocráticas demasiado pesadas, según El País. Criticó el globalismo, al que describió como una concepción según la cual la nación, la soberanía y las tradiciones "deben ir cediendo ante una progresiva uniformidad política y cultural", según La Silla Vacía. De los grupos armados dijo que "son grupos terroristas" y que "así los llamamos y los estamos enfrentando"; de Venezuela, que confía en una transición democrática "pronta, segura y profunda", según El Espectador. Cerró con la "Patria Milagro". En campaña, Abelardo había propuesto sacar a Colombia de la ONU, a la que llamó un "directorio de la izquierda", recuerda El País.

La junta directiva de Ecopetrol eligió por unanimidad a Joaquín Gutiérrez Caballero, amigo, socio y jefe de campaña de Abelardo de la Espriella, como presidente de la empresa. La petrolera describió el proceso como "estructurado y ágil", según El Espectador; tan ágil que la junta no contrató una firma cazatalentos para buscar otros candidatos. Gutiérrez es administrador de empresas, con especializaciones en telecomunicaciones y en gerencia de servicios de salud, y la empresa destacó su trayectoria en los sectores jurídico, de la salud, la construcción, la agricultura y la ganadería, según El Tiempo. Ninguno es el de los hidrocarburos. Según Semana, fue el "arquitecto administrativo y financiero" de De la Espriella Lawyers, el bufete de Abelardo. La junta la preside Carlos Augusto Suárez Rojas, el estratega de la campaña de Abelardo. Gutiérrez asume el 28 de septiembre con el encargo, según el comunicado de Ecopetrol, de "enderezar el rumbo institucional" de la empresa después de "los graves hechos que conoce la opinión pública sobre presuntos actos de corrupción". Es lo mismo que hizo Gustavo Petro: puso en Ecopetrol a Ricardo Roa, el gerente de su campaña, que hoy va a juicio por el apartamento que compró antes de llegar a la empresa.

"En la primera estuve privado de la libertad durante 11 años y 28 días. Allí siempre mentí y allí no existen las víctimas", le dijo a una comisión del Senado el mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, sobre la justicia ordinaria, que lo condenó a 60 años, según Cambio. La JEP lo imputó con otros 22 exoficiales por más de 300 falsos positivos cometidos entre 2005 y 2008. Soto contó que ahí confesó los asesinatos de inocentes que se presentaron como bajas en combate cuando comandaba el Gaula Militar Casanare y que se sentó frente a las víctimas. Lo citó el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, en plena pelea por el recorte de $170.000 millones a la JEP, cuyo presidente, Alejandro Ramelli, dijo en la misma sesión que ese recorte deja a la jurisdicción "inoperante".

El cargo de presidente no es una excepción a las reglas del porte de armas: según el Decreto 2535 de 1993, Abelardo de la Espriella puede llevar la pistola que mostró en Santa Marta y en Cali si tiene un permiso vigente para esa arma, como cualquier ciudadano, explica Infobae. Ni la ley le da un permiso automático por ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ni las armas de su esquema de protección cubren una personal. El penalista Francisco Bernate dijo, según ese medio, que entiende que el presidente sí tiene permiso. En campaña, Abelardo contó en La Kalle: "He portado armas desde que tengo 20 años", y aseguró que "nunca encañoné a nadie". El 8 de septiembre firmó el decreto que levantó la suspensión general de los permisos de porte.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, que antes presidía Acemi, el gremio de las EPS, pide $13,9 billones más en el presupuesto de 2027 para subir la UPC entre 12 % y 13 %, y por ahora Hacienda solo se ha comprometido con $2 billones, según El País. Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud de Gustavo Petro, la acusó de tener una doble vara: cuando representaba a las EPS, exigía un aumento de 17,33 % y decía que era cuestión de "voluntad política", y ahora habla de 12 % o 13 %. El senador de Alianza Verde Ariel Ávila dijo que la ministra "va a darle un regalo a todos los que ella representó anteriormente". La bancada del Centro Democrático presentó una proposición para darle la plata, quitándosela a Hacienda.

El presidente Abelardo de la Espriella le pidió la renuncia a Carlos René Montoya Muñoz, que se había posesionado como presidente de Colpensiones el 21 de septiembre, según La República. La Presidencia lo anunció en X y explicó en un comunicado que en su debut ante la Comisión Séptima del Senado Montoya tuvo "dificultades para responder con precisión" sobre el presupuesto y el funcionamiento de la entidad, según El Espectador. "En este Gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos", dice el comunicado, según El Tiempo. A Montoya lo eligió una junta en la que se sientan tres delegados directos de Abelardo, además de un representante del Ministerio de Hacienda y uno del de Trabajo, según La Silla Vacía. Con él ya son cuatro los altos funcionarios que salen del Gobierno en menos de dos meses, cuenta La República. Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y trabajó 20 años en Cerro Matoso, donde fue gerente de Relaciones Laborales y de Asuntos Externos, según El Colombiano.

En un auto preventivo, la Corte Constitucional fijó las condiciones con las que el Gobierno deberá calcular la UPC de 2027, la plata que el sistema de salud les gira a las EPS por cada afiliado. El Ministerio de Salud tendrá que demostrar técnicamente que el valor alcanza, calcular el rezago que dejaron los cálculos de años anteriores y reconocerle al régimen subsidiado por lo menos el 95 % de la UPC del contributivo, salvo una justificación técnica, según El Espectador. El rezago se puede corregir poco a poco, pero la Corte advierte que las restricciones fiscales no pueden ser, por sí solas, razón para fijar una UPC menor a la necesaria, y le ordena al Ministerio de Hacienda garantizar esa plata y girarla a tiempo. La ministra de Salud, Ana María Vesga, anticipó en una reunión con la bancada del Centro Democrático que el aumento de la UPC estaría entre el 12 % y el 13 %, una cifra sujeta a estudios, según El Colombiano.