20 de septiembre de 2026

El Gobierno de Abelardo de la Espriella postuló al contador Alfonso Soler Casteblanco como jefe financiero del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según La Silla Vacía. Soler fue el auditor contable de la campaña presidencial de Abelardo, el cargo que certifica que el manejo del dinero cumplió la ley. Su jefe sería Carlos Andrés Ríos, director del Dapre y gerente de esa misma campaña, que le prestó $767.831.000; su hermana y entonces tesorera, Ana María Ríos, le prestó otros $897.086.000. Entre los dos pusieron unos $1.650 millones de los $38.000 millones que la campaña recibió en primera vuelta. En su hoja de vida, Soler reportó como única experiencia laboral haber sido contratista de la Iglesia Nueva Apostólica de Colombia.

Abelardo de la Espriella ha insistido en que es "un hombre de palabra" y en campaña prometió no fallarles a los deportistas. Pero su primer proyecto de presupuesto le quitaría al Ministerio del Deporte unos $198.400 millones: de los $496.087 millones que la cartera tiene en 2026 pasaría a unos $297.700 millones en 2027, una caída del 40 %, según El Espectador. Sería el presupuesto más bajo del ministerio desde su creación en 2019, mientras el presupuesto general de la Nación crece 10,3 %. El golpe no cae sobre el costo de tener un ministerio (el funcionamiento subiría de unos $54.200 millones a unos $56.800 millones) sino sobre su capacidad de hacer deporte: la inversión caería 45,5 %, recreación y actividad física perdería el 62,5 % de sus recursos y la formación de deportistas, el 34,7 %. La ministra Juliana Gutiérrez defendió el ajuste como una decisión necesaria "para cuidar las finanzas del país". El presupuesto todavía puede cambiar en el Congreso.

Alex Saab, el excliente de Abelardo de la Espriella, firmó un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos después de aceptar su responsabilidad por el movimiento de dinero de las cajas CLAP y de operaciones petroleras de Venezuela, según Infobae. En la audiencia, la corte federal del sur de Florida fijó la lectura de su sentencia para el 20 de enero de 2027. El acuerdo lo obliga a quedar disponible para declarar contra funcionarios y contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro; Estados Unidos investiga si sobornó a los hijastros de Maduro, conocidos como "los Chamos", para acceder a terrenos en el estado de Vargas. La causa revisa además contratos petroleros de PDVSA con nexos colombianos y salidas ilegales de oro.

El abogado y columnista Ramiro Bejarano Guzmán cuestionó, en El Espectador, la idea de que sea "indebido, o inconveniente, criticar a Abelardo porque apenas lleva un mes de posesionado". "Decretar vacaciones a la crítica es tramposo, porque ni siquiera se sabe a partir de cuándo se torna sensato interpelar al nuevo gobierno", escribió, y preguntó por qué sí pueden hablar, en ese mismo mes, quienes elogian al presidente. Entre lo que a su juicio se está dejando pasar mencionó el patrimonio declarado de Abelardo, "de mucho más de 17 mil millones de pesos"; que alguien cercano a él constituyó una fundación que ha canalizado parte de las donaciones del terremoto; si la confesión de lavado de activos de Alex Saab "comprometerá a alguien en nuestro gobierno"; y "la escandalosa insubsistencia del director del DANE por negarse a mentir". Sostuvo, además, que el presidente desatendió la sentencia de tutela que le ordenó rectificar las palabras de su posesión con las que violó el deber de neutralidad religiosa, y que anunciar que impugnará esos fallos no lo exime de cumplirlos. Y cuestionó el decreto que el Gobierno anunció para concentrar en el Consejo de Estado todas las tutelas contra el presidente: el órgano que unifica esa jurisprudencia, escribe, es la Corte Constitucional.

El endocrinólogo pediatra Mario Angulo, que dirigió hasta diciembre de 2025 la clínica de género para niños y adolescentes de la Fundación Valle del Lili, en Cali, contó en entrevista con El Espectador cómo el creador de contenido mexicano Samuel Adrián se hizo pasar por familiar de un paciente para grabarlo sin su permiso y usar sus respuestas en el video "Colombia, fábrica de niños trans". "Fui engañado", dijo, y agregó que no cayó "en una trampa", sino que fue "víctima de una trama maliciosa". Angulo explicó que en los ocho años del programa, entre 2017 y 2025, atendieron a 114 pacientes por incongruencia de género, el 0,15 % de los pacientes pediátricos que vio el servicio de endocrinología en ese tiempo, que recibía unos 800 al mes. Precisó que nunca se practicaron cirugías: el bloqueo puberal es reversible y las hormonas cruzadas solo se aplican después de los 16 años. Dijo que el escándalo "puede haber sido planeado" como parte de "una agenda antiderechos del continente" y que sirve para presionar el proyecto de ley que cursa en el Congreso, firmado por la bancada antiderechos, que busca prohibirles a los menores de edad el acceso a los tratamientos de afirmación de género y que el propio Abelardo de la Espriella pidió tramitar tras el arresto de Adrián. Días antes le había dicho a El País: "Ojalá el presidente me recibiera para explicarle la ciencia y medicina que ayuda a los niños trans".

Tres empresas ligadas al ingeniero Ottomar Lascarro, condenado en junio a 12 años de cárcel por el entramado que se quedó con los $70.000 millones del anticipo de Centros Poblados, están detrás de dos contratos por $150.000 millones para instalar paneles solares en La Guajira, según La Silla Vacía. La plata salió del Ministerio de Minas y Energía de Edwin Palma, en el gobierno de Gustavo Petro, que le asignó $322.000 millones a la electrificadora estatal Dispac para 10.644 instalaciones en Albania y Maicao. Dispac partió la obra en cuatro lotes y abrió una convocatoria de dos semanas, del 3 al 17 de febrero: se presentaron cuatro consorcios y los cuatro ganaron, uno por lote. A los dos lotes de Lascarro ya les giraron anticipos por $50.000 millones y el del primero fue a parar mayoritariamente a una empresa cuya socia es cuñada de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, quien dijo que fue ella la que gestionó esa inversión ante el gobierno de Petro. Las obras debían quedar entregadas el 30 de noviembre, pero la interventoría alertó retrasos y el 29 de julio, a días de dejar el cargo, Palma le amplió el plazo a Dispac hasta el 31 de diciembre. De los $70.000 millones de Centros Poblados el Estado solo ha recuperado $2.000 millones; Lascarro no respondió las preguntas de La Silla Vacía.

En agosto de 2017, Abelardo de la Espriella, entonces abogado de Alex Saab, negó que su cliente tuviera que ver con Group Grand Limited, la empresa con la que se quedaron con la plata de los CLAP, y amenazó con demandar a la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz por decir lo contrario. Daniel Coronell publicó en Cambio dos documentos que, sostiene, prueban que sí lo sabía. El primero es una carta del 1.º de mayo de 2014 en la que Abelardo le relaciona al abogado estadounidense Timothy Richards, bajo la referencia "Confirmación de transferencias", tres giros por US$375.000 a su favor; dos de ellos salieron de Group Grand Limited desde un banco de Antigua y Barbuda. El segundo es un correo del propio Saab, del 29 de abril de 2015, en el que le escribe: "Remito dos pagos debitados desde GGL". Son al menos US$275.000 que recibió de la empresa cuya relación con Saab negaría dos años después. Coronell cuenta que encontró los documentos en los archivos de una corte civil de Miami en mayo pasado y que le pidió su versión al entonces candidato; el 15 de septiembre, Saab se declaró culpable y admitió su conexión con esa misma sociedad.

A 40 días del terremoto, el alcalde de Filandia, Duberney Pareja, firmó un pronunciamiento que, según El Quindiano, recoge la inconformidad de la mayoría de los alcaldes del departamento: "los municipios del departamento del Quindío se sienten más solos y aislados del proceso de reconstrucción". El texto enumera lo que los municipios sí hicieron (caracterizaron a los damnificados, consolidaron censos, remitieron informes y documentaron los daños en viviendas, fincas, comercios, vías y equipamientos públicos) y lo que no ha vuelto en respuesta. La cifra dura es una: los anuncios de mejoramientos de vivienda, por el alcance informado hasta ahora, no cubrirían ni el 7 % de la afectación reportada. Los alcaldes cuentan además que los convocaron a Bogotá, que viajaron a presentar necesidades "no para solicitar favores personales", que encontraron "una atención distante frente a la gravedad de lo ocurrido" y que volvieron a sus municipios sin los recursos para responderles a sus ciudadanos. Piden seis cosas concretas, entre ellas un plan integral con metas por municipio y responsables y una mesa permanente con los alcaldes "para evitar que las reuniones se reduzcan a actos protocolarios sin compromisos exigibles".

Unos 170.000 beneficiarios que ya están pagando su crédito recibirán desde octubre un subsidio temporal a la tasa: durante la vigencia del beneficio, sus préstamos liquidarán IPC más cero puntos, según Infobae. El alivio salió de $51.605 millones que gestionaron el Gobierno y el Ministerio de Educación, solo aplica a quienes estén al día, y dura hasta que esa plata se acabe: cuando eso pase, los créditos vuelven a la tasa pactada, que va de IPC + 7 % a IPC + 12 %. El subsidio estuvo suspendido durante el primer semestre de 2025 y entre abril y agosto de este año funcionó de manera limitada, hasta que se agotaron los recursos. "Aún hay mucho por recuperar, pero juntos vamos a fortalecer al Icetex", dijo su presidente, Richard Alexander Caicedo.

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, publicó en La República una columna en la que llama a los impuestos saludables "una estafa a los colombianos" y sostiene que "en Colombia no existe un solo estudio que demuestre el impacto positivo de estas medidas". El epidemiólogo Julián Fernández-Niño, que fue director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, le contestó con un hilo en X. La evidencia internacional de que estos impuestos bajan el consumo es "consistente y robusta", dice, y el vínculo entre ese consumo y la obesidad está documentado hace décadas en estudios de cohortes. La evidencia que reconstruye la cadena entera, del impuesto hasta la enfermedad, apenas está apareciendo porque esos estudios necesitan años de seguimiento. "Pretender disponer inmediatamente de evidencia sobre desenlaces finales desconoce cómo se genera la evidencia epidemiológica de enfermedades crónicas", escribió. Está de acuerdo en que el país debe evaluar su propia política, que es lo que pidieron la Asociación de Epidemiología de Colombia y el Colegio Médico Colombiano, pero advierte que esos resultados tomarán años. También dice que el impuesto nunca fue ni puede ser una medida aislada: una política seria contra la obesidad tiene que tocar precios, disponibilidad, publicidad y entornos alimentarios. Cerró así: "¿Tienen dudas? Consulten a las sociedades científicas".