El archivo del Gobierno y de la oposición.
Los congresistas del oficialismo quieren tumbar los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados. Este hilo sigue ese intento y lo que responden quienes estudian el efecto de esos impuestos en la salud.
Última vez que agregamos algo a este hilo: 6 de octubre de 2026.
Hilo · 12 entradas en Abelardopedia · 25 de agosto de 2026 – 5 de octubre de 2026. Cada una enlaza a la fuente de donde salió.
Fuentes:
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La representante Carol Borda, de Salvación Nacional, publicó el 15 de septiembre de 2026 un video para responder por lo que dijo en un debate sobre el impuesto saludable a las bebidas azucaradas, cuando señaló que solo el 9 % del territorio rural tiene agua potable y preguntó qué toma la gente que no tiene acceso a ella. "Estaba denunciando el abandono sistemático de estas comunidades, no proponiendo cambiar gaseosa por agua", escribió, y lo presentó como "la segunda clase para desmentir al petrismo". Insistió en que el impuesto "no ha llevado un solo peso a estas comunidades" y que "lo que sí ha hecho es sacarle dinero del bolsillo a los colombianos", y acusó a sus críticos de "doble moral" por indignarse con "una frase tergiversada".
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Según las cifras de los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, que recoge Cambio, el impuesto saludable ha recaudado cerca de $4,8 billones desde noviembre de 2023. Su proyecto para eliminarlo está radicado en la Cámara desde el 18 de agosto. Según Borda, el impuesto equivale al 1,1 % del recaudo nacional. Borda dice que es regresivo y que "la salud pública no puede ser un disfraz para tapar los huecos fiscales a costa del hambre de la gente"; Briceño no le contestó al medio. Red Papaz responde que entre 2023 y 2024 el consumo de bebidas azucaradas bajó 2,6 puntos porcentuales y el de ultraprocesados 4,3, y que eliminar el impuesto "es un ataque a la salud de los colombianos". De los dos economistas que consultó el medio, uno calcula un hueco fiscal de $2,5 a $3 billones al año. El otro dice que el Estado tendría que buscar cerca de $4 billones "subiendo el IVA o la tarifa de renta".
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El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, publicó en La República una columna en la que llama a los impuestos saludables "una estafa a los colombianos" y sostiene que "en Colombia no existe un solo estudio que demuestre el impacto positivo de estas medidas". El epidemiólogo Julián Fernández-Niño, que fue director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, le contestó con un hilo en X. La evidencia internacional de que estos impuestos bajan el consumo es "consistente y robusta", dice, y el vínculo entre ese consumo y la obesidad está documentado hace décadas en estudios de cohortes. La evidencia que reconstruye la cadena entera, del impuesto hasta la enfermedad, apenas está apareciendo porque esos estudios necesitan años de seguimiento. "Pretender disponer inmediatamente de evidencia sobre desenlaces finales desconoce cómo se genera la evidencia epidemiológica de enfermedades crónicas", escribió. Está de acuerdo en que el país debe evaluar su propia política, que es lo que pidieron la Asociación de Epidemiología de Colombia y el Colegio Médico Colombiano, pero advierte que esos resultados tomarán años. También dice que el impuesto nunca fue ni puede ser una medida aislada: una política seria contra la obesidad tiene que tocar precios, disponibilidad, publicidad y entornos alimentarios. Cerró así: "¿Tienen dudas? Consulten a las sociedades científicas".
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En la red de expertos de La Silla Vacía, Juan Camilo Herrera y Victoria Eugenia Soto, de Proesa, el centro de estudios de salud de la Universidad Icesi, proponen usar los impuestos saludables para ayudar a pagar la reconstrucción tras el terremoto, que según el Gobierno costará más de $30 billones. Calculan que en 2025 los impuestos al alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas y los ultraprocesados recaudaron cerca de $9,3 billones, y sostienen que la evidencia no respalda que subirlos dispare de manera automática el contrabando, la inflación o el desempleo. Señalan huecos por cerrar: los impuestos son el 62,76 % del precio de la cajetilla de cigarrillos más vendida, por debajo del 75 % de referencia de la OMS, y los líquidos de los cigarrillos electrónicos no tienen un impuesto selectivo equivalente. Su propuesta va en contravía de la de los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional), que radicaron un proyecto para tumbar el impuesto a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados.
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El Detector de Mentiras de La Silla Vacía calificó de engañosos los argumentos con los que los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, quieren tumbar los impuestos saludables. No es cierto que no haya evidencia de que bajen el consumo: la internacional sí lo muestra (según la guía de la OMS, un alza del 10 % en el precio de las bebidas azucaradas reduce su compra en cerca de 16 %), aunque en Colombia los estudios todavía son pocos y preliminares. Tampoco es cierto que graven sin distinción los alimentos de la canasta familiar: el impuesto solo toca los productos que pasan ciertos límites de sodio, azúcar o grasas saturadas. Y la cifra de que afectó al 67 % de los tenderos sale de la encuesta Fenaltiendas 2024, que usa Fenalco y que pregunta por la percepción del tendero, no por sus ingresos; según el DANE, los micronegocios crecieron 4,7 % entre 2024 y 2025. El efecto sobre enfermedades como la obesidad y la diabetes todavía es debatible, reconoce La Silla, porque tarda años en medirse.
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La mayor donante de la campaña del representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, que impulsa el proyecto para tumbar los impuestos saludables, fue la fundación Propública, con $50 millones, según Vorágine. En el consejo que decide esas donaciones está desde 2014 Santiago Eder Garcés, de la familia dueña del Ingenio Manuelita. Briceño empezó a escribir columnas en La República, de la Organización Ardila Lülle, dueña del Ingenio Providencia, un día después de anunciar el proyecto. El 1.º de septiembre recibió en su oficina a la presidenta de Asocaña, el gremio de los azucareros. Él dice que no ha hablado con los Eder, que la columna se la propuso el director del diario y que la presidenta de Asocaña no le habló de los impuestos sino de las importaciones de azúcar del Perú y de etanol de Estados Unidos. Vorágine cuenta además que el 24 de agosto, ya en el gobierno de Abelardo de la Espriella, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) volvió a abrir sus líneas especiales de crédito a los cañeros, los palmeros y los ganaderos, que había excluido en el último año de Gustavo Petro, y que el 15 de septiembre cerró la línea por el agotamiento de la plata que había dispuesto el Ministerio de Agricultura. La investigación fue financiada en parte por Vital Strategies, según la propia Vorágine.
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Mientras avanza en la Cámara el proyecto de Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional) para tumbar los impuestos a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, El Espectador revisó con investigadores de la Javeriana, el Rosario y la Nacional las afirmaciones que circulan en su contra. Que quebraron a los tenderos no se sostiene: un estudio publicado a finales de 2025 no encontró caídas significativas en el empleo, los ingresos ni la informalidad de esos sectores y los propios tenderos hablan más de arriendos, servicios y tiendas de descuento. Que encarecen la canasta tampoco: según Hacienda, el impuesto toca 21 de los 443 artículos del IPC y le sumó a la inflación 0,21 puntos en 2023, 0,11 en 2024 y 0,12 en 2025. Decir que no hay evidencia sobre la salud omite que la tarifa plena rige apenas desde 2025 y que en Inglaterra, Seattle y Filadelfia sí se midieron bajas en indicadores de peso. Lo único que tiene sustento, reconocen, es que el golpe al bolsillo pesa más en los hogares pobres.
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Daniel Briceño publicó en X un video para responder al especial de Vorágine según el cual el mayor donante de su campaña fue una fundación ligada a azucareros. En el video, dice que la donación es información pública que él mismo reportó, que esa fundación también le dio $50 millones a la exrepresentante Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, que votó a favor de los impuestos saludables, y que el 93 % del impuesto a las bebidas azucaradas de 2025 no lo pagó la Organización Ardila Lülle, dueña de La República, donde escribe su columna. Contraataca: dice que Vorágine recibió "566 millones de pesos" de Vital Strategies, una organización que promueve esos impuestos, y que por eso "no es un medio independiente". La llama "mediocre" y anuncia otro video sobre "la plata internacional" de Vorágine y de "varios influenciadores". El propio especial decía que la investigación fue financiada en parte por Vital Strategies.
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En un video editorial, Vorágine le respondió al representante Daniel Briceño, que la había llamado "mediocre" por recibir plata de una ONG que promueve los impuestos saludables. Dice que Briceño omitió responder lo de fondo: que su campaña recibió $50 millones de Propública, "fundación vinculada a propietarios del Ingenio Manuelita", y que la industria azucarera y de bebidas les dio más de $40.500 millones a partidos, con un "énfasis determinante" en el Centro Democrático, su partido. Le recordó que si encuentra algo falso puede pedir una rectificación o denunciar. Y le escribió en X: "En VORÁGINE no tenemos conflictos de interés: somos periodistas y ciudadanos; usted, representante @Danielbriceno, es un servidor público".
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Nueve investigadores de cinco universidades, entre ellas la Javeriana, el Rosario y la Nacional, publicaron un documento que responde, uno por uno, nueve argumentos contra los impuestos a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados. Sale en medio del debate por el proyecto de Daniel Briceño y Carol Borda para tumbarlos, y lo difundió en X el periodista de salud Ronny Suárez. Sobre Colombia, citan dos estudios que asocian los impuestos con menos compras y precios más altos, uno que halló menos azúcar y sodio en 200 productos de tiendas de Bogotá y resultados preliminares sin caídas generalizadas del empleo. Reconocen también que, en otro análisis, la reducción de las ventas resultó "modesta y no significativa" y que hacen falta evaluaciones más amplias. Recomiendan eliminar exenciones como las del pan, el salchichón y las bebidas hidratantes, y subir el impuesto hasta que los precios reales de las bebidas azucaradas aumenten al menos 50 % en 2035, como propone la OMS. El documento lo financió Bloomberg Philanthropies.
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