El saqueo de la UNGRD

Una semana después de decirle a Cambio que es inocente y víctima de un "macabro falso positivo", la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz se contradijo: El Espectador reveló el 12 de septiembre de 2026 las cinco matrices de colaboración que le entregó a la Fiscalía en 2025, cuando buscaba inmunidad total, en las que se comprometía a declarar contra el expresidente del Senado Iván Name y contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy prófugo. En ellas contó que en un almuerzo de septiembre de 2023 Name pidió dos contratos de la UNGRD por $43.000 millones a cambio de apoyar las reformas del Gobierno y que, cuando Olmedo López se negó, González decidió entregarle $3.000 millones, con ella como coordinadora de la entrega. Una policía de su esquema declaró que el 12 de octubre de 2023 la vio llegar al edificio de Name con una persona que coincide con la descripción de Sneyder Pinilla y el 26 de mayo de 2025 Ortiz le dijo a la Corte Suprema: "Pues me hago responsable de ser la mensajera". La Fiscalía nunca le concedió la inmunidad y su nuevo abogado, Mauricio Camacho, sostiene que "nunca dijo que iba a entregar algo porque no tenía nada que decir". Ajá.

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador de la Alianza Verde Iván Name Vásquez, que presidía el Senado cuando, según el fallo, recibió $3.000 millones sacados de contratos de la UNGRD para agilizar las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, en especial la pensional. El fallo, de primera instancia según Semana, da por probado con una cadena de indicios que la plata la ordenó Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, a Olmedo López y Sneyder Pinilla, y que Sandra Ortiz se la llevó a su casa en octubre de 2023. Para el tribunal, lo que Name dio a cambio no fue su voto, sino el control de las plenarias: de las 16 sesiones en que se discutió la reforma pensional, se ausentó o le cedió la dirección a María José Pizarro en 14, según El Espectador. Name, preso en La Picota desde mayo de 2025 mientras avanza su proceso penal en la Corte Suprema, negó haber recibido plata y dijo que siempre se opuso a las reformas del Gobierno.

En su alocución del domingo en la noche, Abelardo de la Espriella le pidió a la justicia "que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones" para que los investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y por otros casos del gobierno anterior "colaboren con la justicia a cambio de beneficios", recoge El Espectador. "A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices", dijo, y les prometió "un castigo atenuado por la colaboración". Lo planteó justo después de destacar que el Consejo de Estado le quitó la investidura al expresidente del Senado Iván Name por los $3.000 millones de la UNGRD. Pero esa puerta ya existe, recuerda Cambio: la ley le permite a la Fiscalía negociar con los procesados que acepten cargos o entreguen información. Ofrecer esos acuerdos les corresponde a la Fiscalía y a los jueces, no al Gobierno. Luis Gustavo Moreno Rivera, abogado de Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD que colabora como testigo en el caso, respondió en X que ese es el camino que su cliente escogió hace más de dos años, cuenta Semana.

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro dijo en un comunicado que no tiene "nada que ver con las actuaciones del señor Name" y que no permitirá "que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno", recoge Caracol Radio. Pizarro era primera vicepresidenta del Senado cuando Iván Name lo presidía. Su nombre aparece al menos 85 veces en el fallo con el que el Consejo de Estado le quitó la investidura a Name por los $3.000 millones de la UNGRD. Según el tribunal, de las 16 sesiones en que se discutió la reforma pensional entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024, Name se ausentó o cedió la conducción en 14 y buena parte de esa presidencia la asumió Pizarro, cuenta La FM. Bajo su conducción el trámite se aceleró, con votaciones por bloques, dice La Silla Vacía. El fallo retoma además la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema, según la cual la colaboración de Name consistió en "dejar el asiento de la presidencia a la senadora María José Pizarro, con miras a facilitar el manejo de las plenarias", cita Semana. Pizarro responde que la ley manda a los vicepresidentes reemplazar al presidente cuando falta: "Que el fallo examine sesiones que presidí no significa que se me atribuya participación alguna en los hechos por los que el señor Name fue sancionado". La sentencia, en efecto, no dice que ella haya recibido plata, conocido el pago ni hecho parte del acuerdo, aclara La FM.

El vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, de Creemos, le pidió a la Corte Constitucional, en un documento de 12 páginas, que establezca si lo que el Consejo de Estado dio por probado contra Iván Name vició la aprobación de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro en el Senado, según El Espectador. Molina recoge el hallazgo del fallo: "en 14 de 16 sesiones plenarias relevantes para el trámite de la reforma, Name no dirigió integralmente la sesión o cedió su conducción a otros integrantes de la Mesa Directiva". Pide que, en las demandas contra la Ley 2381 de 2024 que sigan abiertas, el magistrado que las lleve evalúe practicar pruebas sobre esa relación. La Corte ya declaró exequible la mayor parte de la ley, pero devolvió nueve artículos por vicios de trámite en la Cámara, que la plenaria tiene que volver a discutir en un plazo máximo de un mes.

Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, respondió en una carta a los chats que lo relacionan con el magistrado Vladimir Fernández: "Solo puedo referirme a lo que me consta". Según El Espectador, contó que Olmedo López le dijo que Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, les había recomendado a una señora para asesorar a López ante la Contraloría. También dijo que el 9 de enero de 2024 sí fue al apartamento de Irma Solangel Torres, por orden de López, para explicarle su caso, no para entregarle plata.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le dijo a ese diario que los chats no bastan para compulsar copias contra Fernández. La Silla Vacía anota que no hay pruebas de esa asesoría y que Torres salió del país; Cambio insiste en que la carta no explica qué hacía Pinilla en esa casa.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, no aceptó la recusación con la que el representante Daniel Briceño pidió apartarla de las investigaciones de la UNGRD, como reveló Cambio, que publicó la decisión. Briceño y David Cote impulsaron la recusación por los chats que involucrarían al magistrado Vladimir Fernández, dice el medio, que contó que la Fiscalía los tenía desde 2024 y no compulsó copias. La fiscal responde que Briceño no acreditó ser parte del proceso y que ella "no tiene a cargo la investigación de la UNGRD", que llevan fiscales con autonomía. Dice también que la recusación se basa "en suposiciones y no en elementos objetivos" y que la propia publicación de Cambio "tampoco atribuye a la Fiscal General una decisión concreta sobre el tratamiento de los chats". Remitió la recusación a la Sala Plena de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.

La magistrada Paula Andrea Ramírez, de la Corte Suprema, rechazó los recursos con los que seis congresistas de la Comisión de Crédito Público buscaban tumbar su acusación por el saqueo de la UNGRD, como reveló Semana. El juicio contra Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique empieza el martes 20 de octubre. La acusación dice que "probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público" a cambio de votar los créditos del gobierno de Gustavo Petro, con el aval del entonces ministro Ricardo Bonilla. Las obras serían tres: Cotorra (Córdoba), por más de $46.000 millones; Saravena (Arauca), por cerca de $35.000 millones, y El Carmen de Bolívar, por más de $12.000 millones. Entre los testigos clave están la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides, que colabora con la justicia, y el exdirector de la UNGRD Olmedo López.

Óscar Iván Muñoz Giraldo fue encargado de negocios de Colombia en Nicaragua y está señalado de haber ayudado a Carlos Ramón González a quedarse en ese país: El Espectador habla de la renovación de su visa y Cambio, de la carta que firmó para pedir su residencia permanente. Habría salido de la Cancillería el 30 de septiembre, como contó El Espectador, que vio documentos de la salida. Fue más de cuatro meses después de que Gustavo Petro ordenara sacarlo. "Nosotros lo echamos. Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va", dijo Petro el 20 de mayo. González, exdirector del Dapre, está prófugo por el caso de la UNGRD. En diciembre de 2025, la Cancillería investigó a Muñoz por una parranda vallenata en Managua a la que fue González y lo trasladó a la embajada en Guyana. La Cancillería dijo entonces que la canciller Laura Sarabia no había autorizado las cartas de su despacho al Gobierno de Daniel Ortega en respaldo de González. La Cancillería explicó en su momento que no podía sacarlo antes de julio, porque no era de libre nombramiento y remoción, y que debía respetar la ley de garantías. Muñoz no se ha pronunciado.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez y ordenó su libertad inmediata, como cuenta El Espectador. El Tribunal dijo que la necesidad de la medida no fue justificada y que algunas razones de la Fiscalía "no son más que la insistencia en la gravedad y la modalidad de la conducta". Semana añade que el Tribunal consideró que Velasco ya no tiene poder político: "no se ve cómo Luis Fernando Velasco Chávez podría seguir instrumentalizando la estructura estatal si es que alguna vez lo hizo". Velasco está en juicio por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía lo acusa de direccionar contratos de la UNGRD para comprar votos de congresistas. Velasco escribió en X que demostrará su inocencia y que lo usaron "como cortina de humo para desviar la antención".