Fin de la paz total

Abelardo de la Espriella firmó la resolución que da por terminada la Zona de Ubicación Temporal que el gobierno de Gustavo Petro había pactado en el Valle del Guamuez (Putumayo) con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc con la que 99 de sus integrantes iban a empezar su tránsito a la vida civil. La resolución da plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para ejecutar un plan interinstitucional de cierre y transición, que debe adoptar la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, un cargo que sigue sin tener cabeza clara, y le encarga a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización definir uno por uno si los desmovilizados acreditados continúan en el proceso de reintegración. El mismo día, el Gobierno revocó a sus delegados en la mesa de diálogos con el ELN y en el espacio sociojurídico con el Clan del Golfo, las dos ya suspendidas desde antes: con eso salieron formalmente de la política de paz el senador Iván Cepeda, la exsenadora María José Pizarro, Vera Grabe, José Félix Lafaurie, María Gaitán Valencia y Armando Custodio Wouriyu.

Lo que El País reportó al día siguiente le pone cifras y advertencias a esa decisión. La zona quedaba en el Valle del Guamuez y los 99 se habían concentrado allí el 18 de junio; 86 ya habían entrado formalmente a la ruta de reintegración. El mismo 9 de septiembre, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización les escribió a los países garantes del proceso (Suiza, Países Bajos, Venezuela, Noruega y Uruguay) y a la ONU, la MAPP-OEA y la Conferencia Episcopal para alertar de un "riesgo importante en garantías de derechos y seguridad" y "de reincidencia de esta población, así como de credibilidad institucional del Estado colombiano frente a procesos de desmovilización y sometimiento". La misma agencia que debe sostener el proceso uno por uno vive una crisis por el congelamiento de recursos que ordenó este Gobierno. Dos días antes le había pedido a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, al Dapre y al Fondo Colombia en Paz que le explicaran cómo se le iba a comunicar el cierre a las 99 personas, a sus abogados, a las comunidades y a los cabildos indígenas.

Según fuentes cercanas al proceso, 43 de los 99 siguen en el lugar. En un video difundido esa noche, varios de ellos dicen que se quedan: "Hemos tomado una decisión de valientes. Lo sentimos mucho por los compañeros que abandonaron la ZUT (…) Aquí estamos los que nos quedamos y seguimos en esta ruta", y le piden a la agencia que no se vaya. Armando Novoa, negociador del gobierno de Gustavo Petro en esa mesa, dice que el Ejecutivo "improvisa": mantiene la retórica del sometimiento pero "con esta resolución desconoce las garantías de la ley que está vigente en el Código Penal". Y señala el vacío: no está claro qué pasa con el compromiso de permanencia de esas personas cuando es el Gobierno el que acaba la zona de forma unilateral.

Fredy Castillo Carrillo, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, le dijo a Semana desde su escondite que está dispuesto a someterse a la justicia, pero con garantías: pide que el Gobierno tramite una ley de sometimiento y dice que pagaría cinco años de cárcel. Habló tras la muerte de alias Bendito Menor, aseguró que no habrá represalias y describió a la organización: unos 800 hombres, financiados con aportes del sector empresarial, un impuesto que pagan el turismo y el narcotráfico, y el peaje que cobran en la ruta. La respuesta de Abelardo de la Espriella llegó el sábado 12 de septiembre de 2026 por X, dirigida al ministro de Defensa, Jorge Mora, y al de Justicia, Iván Cancino: "coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto". Y puso la condición: "aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde". Después, el Ministerio de Justicia le respondió a Castillo Carrillo, alias Pinocho, que "no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley", y lo invitó a formalizar su voluntad por los canales institucionales.

Los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, presentaron en el Congreso los lineamientos del proyecto de ley de sometimiento, o "acogimiento", que el Gobierno espera radicar en dos semanas. "Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es, me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias", dijo Cancino, que prometió un "trato diferenciado" que "jamás puede ser entendido como impunidad". Precisó que, "en principio", el mecanismo no aplica para quienes ya están presos y que no habrá excarcelaciones ni reconocimiento político, y el Ministerio del Interior anunció además un estatuto antiterrorista con un régimen penitenciario especial para los cabecillas. Cancino dijo que el Estado retomó el proceso de los excombatientes que ya estaban en una zona de ubicación temporal y que en dos semanas espera tener "una primera muestra de la política de sometimiento". El periodista y columnista Jorge Espinosa lo leyó así en X: la ley "será más dura de lo que ya existe en el Código Penal".

La Presidencia le envió una carta a la Fiscalía y otra al Ministerio de Justicia para que evalúen la solicitud de sometimiento de Digno Palomino, que dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades, responder por los hechos que se le atribuyan, reparar a las víctimas y frenar la extorsión que durante años ha golpeado a Barranquilla y al Atlántico, según Caracol Radio. Lo que el Gobierno va a mirar son cuatro compromisos: cese unilateral de la violencia y las extorsiones, entrega de información sobre la organización, aporte a la verdad y reparación. Palomino es uno de los criminales más buscados del país, acumula más de 15 años de trayectoria delictiva y ha sido relacionado judicialmente con homicidios, extorsiones y otras actividades ilegales en el departamento.

Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, será también director encargado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que acompaña a 15.441 desmovilizados, entre ellos unos 11.000 excombatientes de las Farc, según La Silla Vacía. Ríos fue el gerente de la campaña de Abelardo de la Espriella desde la recolección de firmas; él y su hermana Ana María, la tesorera, le prestaron cerca de $1.650 millones. La agencia estaba a la deriva: su directora encargada, Carolina Vergara Ospina, le dijo al Congreso que había renunciado al menos tres veces, ante el propio director del Dapre, sin que nadie le respondiera. Por la ARN tendrían que pasar los 99 exintegrantes de los Comandos de la Frontera que estaban en la zona de ubicación de Putumayo que el Gobierno desmontó.

El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís suspendió, como medida provisional, la Resolución 389 con la que Abelardo de la Espriella ordenó cerrar el 30 de septiembre la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, según El Colombiano. La tutela la pusieron los excombatientes de los Comandos de la Frontera, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y el juzgado dijo no saber si ya existe el plan de cierre y transición que la resolución ordenaba, según El Espectador. La zona se hizo para 99 excombatientes, pero algunos se fueron tras el anuncio: según La Silla Vacía, quedan 66, y 62 pidieron asilo político a Cuba, Venezuela y Noruega, los países garantes. Su vocero, alias "El Paisa", dice que ninguno se va a acoger al sometimiento que propone el Gobierno, aunque el ministro de Justicia, Iván Cancino, había dicho que la zona sería "una primera muestra" de esa política. El juez también mandó los listados a la Fiscalía y a la Policía para que decidan sobre las órdenes de captura.

En su columna de Cambio, Daniel Coronell dice que la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias "Araña", jefe de los Comandos de la Frontera, es "totalmente legítima", pero que lo que se vio el 25 de septiembre fue un escenario construido "para humillar a un preso" y "convertir en espectáculo un acto puramente administrativo": en lugar de entregarlo directamente a los agentes de Estados Unidos, "decidieron programar una innecesaria escala en Barranquilla" para grabarlo encadenado frente a Abelardo de la Espriella, que hablaba desde un atril sin más público que su seguridad, unos agentes de la DEA y las cámaras, con música épica y cortes de edición. "Ninguna persona, por mala que sea, es una alimaña", escribe, y cada una de esas "mascaradas", dice, le va "restando respetabilidad a la figura presidencial y legitimidad moral al Estado". En una posdata sostiene que David Murcia Guzmán se retractó presionado por peores condiciones de reclusión y por una demanda de Abelardo, que es "al mismo tiempo presidente y carcelero suyo", y que varias pruebas, algunas de hace 18 años, ratifican lo que dijo en febrero.

El Juzgado 70 Administrativo de Bogotá les negó la tutela a Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y a su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias "Muñeca", que pedían frenar las resoluciones con las que el Gobierno de Abelardo de la Espriella desmontó la mesa de diálogo con su grupo, según El Espectador. El juez concluyó que el reconocimiento que les dio la paz total tenía una duración fijada desde el comienzo, que la suspensión de sus entregas en extradición dependía de "aportes verificables y resultados concretos" y que el expediente "no acreditó que la Presidencia de la República o el Ministerio de Justicia y del Derecho hubieran vulnerado los derechos fundamentales invocados". Sobre la libertad personal, dijo que lo que la afecta son los trámites de extradición y las órdenes de captura: contra "Muñeca" hay una nueva solicitud de extradición en curso, y la captura de "Pinocho" no se ha hecho efectiva. Antes de llegar al juzgado, la tutela pasó por el Consejo de Estado, que el 9 de septiembre dijo no poder tramitarla porque las tutelas contra el presidente les tocaban a los jueces del circuito, la regla que el Gobierno acaba de cambiar.

Un día después de ordenar que una comisión humanitaria sacara a los excombatientes de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, el Gobierno frenó el cierre y dio dos meses para resolver su situación jurídica, según Caracol Radio. De los 62 que siguen allí, cinco tienen orden de captura; los demás podrán seguir con su reincorporación. El periodista Jorge Espinosa, de la emisora, escribió en X que la orden la dio Abelardo de la Espriella y que los que no tienen orden de captura "deberán aceptar concierto para delinquir" y quedarán libres. La víspera, los excombatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que entregaron las armas el 18 de junio, le habían dicho a Caracol Radio que acatarían la orden del juez que había suspendido el cierre y que no se irían "sin lo jurídico".

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, radicaron en la Cámara el proyecto de ley de sometimiento, con mensaje de urgencia, como cuenta La Silla Vacía. El proyecto reforma y prorroga por 10 años la Ley 418 de 1997, la de orden público, cuyas prórrogas vencen el 4 de noviembre. También deroga los artículos de la ley de paz total del gobierno de Gustavo Petro (la Ley 2272 de 2022) que organizaban esa política, el Gabinete de Paz y las Regiones de Paz. En lugar de negociar, el Estado les ofrece a los "Actores Armados Ilegales o Terroristas" una rebaja de la pena del 50 %, o del 30 % para quienes tengan mando. A cambio tienen que dejar las armas, entregar a los niños reclutados y a los secuestrados, y dar información sobre los bienes, los desaparecidos y sus "nexos políticos". Ningún jefe tendrá una pena menor de 10 años y no se suspenden ni las órdenes de captura ni las extradiciones. Lara dijo que así se evitan los errores "de esa tal Paz Total".

El texto trae dos cosas que no recogen las notas sobre la radicación. Deroga el artículo de la Ley 418 que dejaba sin beneficios a los condenados por reclutar menores de edad; la exposición de motivos dice que esa prohibición "podría impedir el sometimiento" de las estructuras que reclutaron. Y le permite al Ministerio del Interior contratar de forma directa, sin publicar los documentos del proceso, los bienes y servicios que financie con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), cuando requieran reserva "por razones de seguridad". Cancino ya había anunciado en septiembre las rebajas de 30 % y 50 %, como contó El Espectador.